El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca frenar la privatización del sector nuclear impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei, cuyo proceso más importante será la licitación para vender el 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), prevista para fin de año. Esta empresa pública opera las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse.

Durante una presentación en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata, acompañada por numerosos referentes del sector, el presidente de la Sala C del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Daniel Eduardo Martín, aseguró que NASA tiene un valor estimado entre 6.000 y 13.000 millones de dólares, según el método aplicado. Sin embargo, denunció que el gobierno nacional pretende venderla por un precio muy inferior, entre 500 y 1.000 millones de dólares.
Martín criticó el uso de una tasa de descuento del 14,5% para devaluar el valor de la empresa y calificó esa práctica como un «despropósito». En ese marco, Kicillof alertó sobre los riesgos de privatizaciones mal ejecutadas y sostuvo: «Privatizar es un error, malvender es un delito».
El gobernador defendió el rol del Tribunal de Tasaciones, que fue desplazado en sus funciones de valoración de activos públicos por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuyos funcionarios fueron designados por la actual administración. Kicillof advirtió que esta exclusión se realiza «para llevar adelante negociados», y denunció que vender barato un patrimonio nacional no es más que un negociado.
Asimismo, afirmó: «Vender a 1.000 millones de dólares o menos por algo que claramente vale seis o siete veces más significa dilapidar nuestro patrimonio, que es de todos».
Destacó además la complejidad del sector nuclear, señalando que es «tremendamente delicado desde el punto de vista del manejo para ponerlo en manos de quienes no lo conocen, o en manos privadas y extranjeras, cuyos fines desconocemos cuando falta regulación». Kicillof, precandidato presidencial para 2027, advirtió sobre los peligros que implica esta política.
Consultado por Clarín sobre si la provincia de Buenos Aires intentará impedir estas privatizaciones, respondió: «Sí, por supuesto. La voluntad firme es que las privatizaciones no se lleven a cabo, ya que se consideran muy peligrosas, un error estratégico y una absoluta irresponsabilidad del gobierno de Milei». Añadió que existe un grave riesgo de malvender el patrimonio nacional y despojar a Argentina de capacidades construidas durante décadas a través de inversiones en científicos, universidades, técnicos y trabajadores.
Kicillof señaló que países desarrollados pagarían fortunas por las capacidades tecnológicas y nucleares argentinas, que el gobierno nacional busca rematar, probablemente bajo presión de Estados Unidos. En el contexto de un reimpulso global de la energía nuclear, consideró desastrosa la decisión de frenar proyectos estratégicos como el reactor CAREM, ya que retrasa capacidades comerciales fundamentales.
La presentación contó también con la presencia del subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni; la diputada nacional Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); y el expresidente de NASA, José Luis Antúnez, entre otros.
Serquis reconoció el papel de la provincia de Buenos Aires como un foco de resistencia frente a la política de Milei, cuestionó la «falta de planificación estatal» y advirtió que «mientras Canadá requiere 100.000 ingenieros y agua pesada, nosotros nos estamos regalando, estamos de oferta, siguiendo las órdenes de otro país».
Por su parte, Antúnez afirmó que «sin autonomía no hay soberanía» y señaló con pesar que actualmente Argentina carece de un ciclo de combustible nuclear soberano y autónomo, importa agua pesada a pesar de contar con la planta más grande del mundo (la PIAP, en Neuquén) y ni siquiera produce uranio natural, lo que atribuyó a la influencia de Estados Unidos.
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