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La Corte Suprema de Justicia se declaró competente para analizar la demanda que la provincia de Buenos Aires presentó contra el Estado nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, que financiaba el transporte fuera del AMBA.
El tribunal le dio a la Nación un plazo de 60 días para responder y resolverá el pedido de medida cautelar cuando llegue esa contestación o venza el plazo. Ese mismo jueves, la Corte también se declaró competente en reclamos similares de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La Provincia pide que se declare inconstitucional la supresión de ese mecanismo, creado por el artículo 125 de la ley 27.467. Sostiene que no recibió transferencias durante 2024 y reclama los fondos adeudados, con sus intereses. Con la cautelar, el tribunal deberá definir si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.
El conflicto comenzó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional anunció que dejaría de hacer esos aportes. Días después, la decisión quedó formalizada en el artículo 18 del DNU 280/2024. La Provincia pidió además que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas que contradigan lo que establece la ley.
